Según un estudio realizado por IVL Swedish Environmental Research Institute (Instituto Sueco de Investigaciones Ambientales IVL) para Iggesund Paperboard, el uso de cartón en vez de material plástico puede reducir las repercusiones climáticas del embalaje en un 99 por ciento. Para las personas que influyen en la selección de material de embalaje, este cambio puede producir la mayor repercusión climática en toda su vida profesional como directores o diseñadores de productos. El punto inicial de este estudio se centró en el análisis de los tipos más comunes de embalaje utilizados actualmente y comparó el impacto o repercusiones climática de cada uno de los materiales de embalaje utilizados. “Hay tablas con datos sobre emisiones de dióxido de carbono por kilo de material, pero al comparar ejemplos reales de embalaje destaca la gran importancia de la selección del material”, comenta Johan Granås, Director de Sostenibilidad en Iggesund Paperboard. “El plástico es excelente para muchas aplicaciones y nosotros mismos lo usamos en la producción de cartón para embalaje para productos alimenticios que exigen una barrera delgada de plástico para proteger el contenido”, añade. “Pero creemos que los responsables de la toma de decisiones en la industria del embalaje deben estar al tanto de los efectos
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La Gerencia de Urbanismo convocará cinco plazas con las que pretende reforzar el servicio de licencias. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, ha explicado que uno de los temas que irán al consejo rector del miércoles es la oferta pública de empleo del 2018, mediante la que se pretenden cubrir cinco plazas, de las que no ha especificado el destino pero sí que «una parte importante serán para licencias». El organismo municipal lleva tiempo intentando solucionar el retraso que se produce en la concesión de permisos, que han denunciado en más de una ocasión empresarios y colegios profesionales. La propuesta que llegará al consejo es la de convocar dos plazas de arquitecto, una de licenciado en Derecho, otra de ingeniero técnico industrial y una de auxiliar administrativo. Además, Urbanismo cubrirá la vacante de un administrativo mediante promoción interna. Fuente: diariocordoba.com
El centro comercial del parque tecnológico Rabanales 21 continúa a la espera de operadores que lo hagan posible. Ya ha pasado un año desde que el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprobó definitivamente, y tras un recorrido de tres años, la innovación de PGOU iniciada durante el mandato del PP, y la sociedad promotora de la iniciativa, Retesa, sigue buscando empresas que se instalen en la parcela comprada a Rabanales 21. La aparición de otro proyecto similar en otra zona, en la carretera de Palma, ha repercutido negativamente en esta iniciativa. Por otro lado, la existencia de dos proyectos comerciales a la vez generadores de empleo abre en Córdoba expectativas que no había desde los primeros años de la crisis, en los que se concentraron al mismo tiempo hasta tres de las mismas características, los de 3C Development en carretera de Palma, Duprocom en Tecnocórdoba-Quemadas y Montealto en Chinales, que no llegaron a cuajar. Los promotores del parque comercial de Rabanales 21 continúan manteniendo conversaciones con los operadores de este tipo de proyectos, que prefieren mantener en secreto. Su idea sigue siendo no desvelar ningún movimiento hasta contar con el 70% del espacio comprometido. Hasta entonces, no se
La oferta de suelo logístico aumentará con un proyecto privado en El Álamo, el segundo previsto en esa zona. La Gerencia de Urbanismo recibió el pasado viernes día 26 la documentación para empezar a tramitar una innovación del PGOU para «la ampliación del PP I-8 con usos logísticos». La modificación del PGOU afecta a 454.545 metros cuadrados de suelo rústico y uso agrícola, en los que se encuentra la empresa Polímeros (antes estaba Remosur), implantada allí gracias a un proyecto de actuación. La iniciativa fue presentada ayer por sus promotores, Francisco Yélamo y Juan Carlos Núñez, que estuvieron acompañados por el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y por el presidente de Urbanismo, Pedro García, y el gerente de este organismo, Emilio García. La idea de la empresa Prourban El Álamo es promover en el kilómetro 412 de la autovía A-4 (Madrid-Sevilla) una plataforma logística para tener parcelas de una dimensión «XL», es decir, de más de 50.000 metros cuadrados, según explicó Francisco Yélamo. En concreto, la idea es lograr cuatro parcelas de 55.000 metros, que después se pondrán a la venta, en una superficie de 220.000 metros cuadrados (los 270.000 de superficie útil, más
Un grupo de vecinos de la Cruz del Rastro y de la Ronda de Isasa han reclamado a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba que declare La Ribera como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) y, en consecuencia, que no se concedan nuevas licencias de negocios hosteleros en este enclave de la ciudad. Los residentes han señalado en un comunicado que el pasado mayo realizaron por primera vez esta petición, mediante un escrito que enviaron a la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), y al presidente de la GMU, Pedro García (IU). En el mismo se les informaba de la “insoportable” realidad que están viviendo los vecinos de la zona debido a la “incontrolada” proliferación de establecimientos de hostelería, que “están originando una situación de caos, especialmente los fines de semanas y en los días festivos”. En el escrito también señalaron que “la molesta banda sonora que lleva aparejada la movida nocturna y el tráfico ha convertido en un clamor vecinal la urgencia de regular este problema con fórmulas taxativas, puesto que en esta zona residencial existen múltiples actividades de ocio y establecimientos (fundamentalmente bares) que, por el ruido de las mesas y de las persianas y las voces de
La Consejería de Fomento y Vivienda ha asegurado que el proyecto de la segunda fase de la reforma de la ronda del Marrubial, la que proporcionará dos carriles más a la avenida en la parte más próxima a las viviendas, no tendrá «ninguna afección» sobre los dos pabellones militares existentes, por lo que «no hay previsión de expropiación» de los mismos para poder llevarla a cabo. Las fuentes consultadas añaden que la única afección prevista a los suelos que son propiedad del Ministerio de Defensa es en la zona que hay justo delante de uno de los dos edificios. Si eso es así, esa parte delantera, que es la que coincide con la verja, sería la única necesaria para iniciar las obras pendientes. Esta explicación coincide con la dada el mes pasado por la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Josefina Vioque, que aseguró que la falta de parte de los terrenos no afectará a la intervención prevista, que podrá «comenzar sin que esté el suelo». Como publicó este periódico en mayo, el proyecto de la segunda fase incluye un nuevo acerado, que será más estrecho en la parte en la que están los pabellones militares, y entre uno de
El Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y el Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (CACITI), Domingo Villero, han suscrito un convenio de colaboración por el que ambas partes se han comprometido a trabajar conjuntamente para promover la competitividad empresarial y el valor estratégico de la industria andaluza. Este acuerdo contempla una decena de actuaciones conjuntas entre ambas entidades, que abarcan desde cuestiones relativas a formación, promoción e información hasta la cooperación en materia de innovación y desarrollo. Entre otras cuestiones, CEA y CACITI colaborarán para desarrollar actuaciones conjuntas en el marco del Pacto Andaluz por la Industria y de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, que ambos suscribieron en su día con la Junta de Andalucía, y que entre otros objetivos persigue el desarrollo del tejido industrial andaluz, mejorar la innovación y aumentar el empleo en este sector estratégico para la comunidad autónoma. El presidente de CEA destacó en la firma de este acuerdo la importancia del sector industrial en Andalucía, del que dijo que “debe ser nuestro referente para el desarrollo económico y empresarial”. Y añadió que aumentar el atractivo industrial de nuestra Comunidad “tiene que ser un objetivo prioritario y compartido por todos”. En tal sentido, se congratuló
La Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba, Construcor, ha advertido este martes a las administraciones públicas este martes que velará “por la igualdad de las condiciones previas para todas las empresas que liciten en los concursos públicos, especialmente en estos meses preelectorales”. En este sentido y en un comunicado, la patronal de la construcción ha recordado que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, elimina la “discrecionalidad ilimitada” de los criterios que se incluyen en los pliegos de condiciones de los concursos y licitaciones públicas, “para favorecer la transparencia, la proporcionalidad y la igualdad, así como evitar la discriminación de ninguna empresa”, además de “conseguir la mejor relación calidad-precio”. Por ese motivo, Construcor ha reivindicado “que los concursos se adjudiquen a las mejores ofertas que se presenten, en base a los criterios objetivos –técnicos y económicos– y de acuerdo a la Ley, con un margen mínimo de discrecionalidad y solo en circunstancias demostrables”. Esto quiere decir, según ha señalado Construcor, que “los criterios mejor valorados en un pliego, y que son los decisivos para la adjudicación de una obra, no pueden ser los que deban cumplirse
El Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), que agrupa a las once principales ingenierías españolas, considera que el aumento en la licitación de contratos de ingeniería el año pasado debe ir acompañado de una apuesta clara, y no de mínimos, por una prevalencia de los criterios técnicos en los pliegos de contratación, aprovechando la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Para FIDEX, el aumento de inversión pública no tendrá un verdadero impacto en el sector de las ingenierías privadas si las condiciones en la contratación no mejoran. Así, si bien la nueva ley permitirá zanjar la “ingeniería low cost” en nuestro país, la entidad pide que las administraciones y entidades públicas no se limiten a otorgar al criterio técnico el 51% mínimo que exige la norma. Desde que se aprobó la nueva Ley de Contratos del Sector Público, e incluso unos meses antes, entidades como ADIF o la Dirección General de Carreteras mostraron voluntad para cambiar las condiciones de contratación. Ambas, de hecho, están otorgando 51 puntos al precio y 49 a la calidad en este periodo previo a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, al contrario que AENA, que
A finales de 2014 entró en vigor el Real Decreto 1053/2014 en el que, se aprobaba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52: “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para recarga de vehículos eléctricos”, vamos hoy a repasar aquellos puntos más importantes que recoge la normativa. Esta aprobación significa un empuje importante para el sector de la recarga de coches eléctricos y, en definitiva, una propulsión del mercado del coche eléctrico. Aunque seguramente sea mejorable, ahora ya disponemos de un reglamento que explica cómo proceder con la implementación de puntos de recarga. La norma aplica en diferentes ámbitos, vamos a empezar entonces por repasar los principales cambios que afectan a cada uno de ellos: Aparcamientos de flotas privadas (cooperativas, empresas, talleres, concesionarios y similares) Se deberán acometer las instalaciones necesarias para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas. Aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes: Igual que en caso anterior, se deberán acometer las instalaciones necesarias para suministrar a una estación de recarga de coches eléctricos por cada 40 plazas. En la vía pública: Se deberán ejecutar las instalaciones necesarias para dar servicio a las estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en los Planes de Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales. Viviendas unifamiliares: En las viviendas