El hormigón es el material más utilizado por el ser humano en el mundo, con un consumo anual de cerca de 10.000 millones de m³. Además, las emisiones de CO2 desde su fabricación representan cerca del 5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas del mundo. El proyecto ECO-BINDER promete reducir en gran medida esta huella de carbono, y de paso transformar las industrias del hormigón y la construcción. Su objetivo es desarrollar una nueva generación de materiales de construcción a base de hormigón y componentes prefabricados para la envolvente de los edificios cuya energía incorporada sea un 30 % menor, que mejoren las propiedades de aislamiento en un 20 % y que tengan un coste un 15 % menor respecto de las opciones disponibles que actualmente se basan en el cemento Portland. «El proyecto demuestra que el cemento Portland común (OPC) y los productos de hormigón basados en el OPC pueden sustituirse con productos nuevos basados en la clase de aglutinantes con baja concentración de CO2 Belita-Ye’elimita-Ferrita o (BYF)», afirmó el Sr. Frederico Meneghello, coordinador del proyecto y gerente del área de Inteligencia Tecnológica de D’Appolonia, S.p.A. El proyecto ECO-BINDER, que comenzó en enero de 2015
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La Generalitat de Catalunya, a través de la Agencia Catalana del Consumo (ACC), ha abierto expediente sancionador a 42 agencias inmobiliarias por incumplimientos de la normativa en materia de certificación energética de edificios. En un comunicado, el departamento de Empresa i Ocupació ha señalado que las inspecciones constataron que estas agencias anunciaban viviendas sin publicitar su etiqueta de eficiencia energética, lo que vulnera la ley y los derechos de los consumidores. La certificación energética de edificios es un documento obligatorio en la compraventa o alquiler de viviendas o edificios, y ofrece a los usuarios información sobre el comportamiento energético del inmueble, así como el coste que el comportamiento energético del inmueble puede acarrerar para el comprador o arrendatario del edificio. La Generalitat ha explicado que la normativa exige que la etiqueta energética sea visible en los anuncios de viviendas, ya que permite a los usuarios comparar la eficiencia de diferentes edificios e incorporar el ahorro en energía como factor de decisión a la hora de alquilar o comprar una vivienda. En algunos casos, las inmobiliarias han estado publicitando que el certificado «está en trámite», como mecanismo para eludir la obligación. Pero el caso de las 42 expedientadas se incluye inmobiliarias que
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