El decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Abraham Carrascosa Martínez, ha afirmado este martes que el sector de lainfraestructura y la obra pública ha sido el «gran pagano» de la crisis y ha liderado el ajuste fiscalrealizado y ha mostrado su temor de que «los recortes se prolonguen al menos hasta 2018», teniendo en cuenta que ya se han perdido en el sector en Andalucía unos 300.000 empleo y el 35 por ciento de las empresas.
Un ajuste, a su juicio, «injustificado» en la coyuntura económica actual, que alienta a fomentar la inversión pública, según ha argumentado el decano, en la jornada ‘El impulso de las infraestructuras en Andalucía: Málaga como punta de lanza’, celebrada en la capital malagueña.
Ha apuntado que la decadencia económica ha situado a Andalucía como la de menor ratio de inversión por superficie y población, pese a que las singularidades de la comunidad en estos términos demandan «un ratio Inversión/PIB superior a la media y a que sigue necesitando infraestructuras vitales para favorecer su avance económico y satisfacer las demandas sociales».
Carrascosa Martínez ha reclamado que se recupere «la coherencia inversora» para mantener la competitividad frente a otros territorios, para lo que recomienda que se alcance en 2023 un ratio inversor de 1.500 euros por kilómetro y millón de habitantes. Este índice, ha propuesto, se puede conseguir con financiación pública o mediante la colaboración público-privada en sus distintas modalidades.
«No se trata de darnos un crédito, ni una subvención, sino de realizar inversión productiva con un plan extraordinario de inversiones de 65.000 millones de euros en la próxima legislatura en España, con un retorno fiscal de más de 40.000 millones, y que implicaría la creación de más de un millón de puestos de trabajo», ha explicado el decano de los ingenieros andaluces.
Según ha explicado, el escenario económico actual así lo apoya con 315.000 millones de euros del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas aprobados para fomentar la inversión pública; el programa de expansión cuantitativo europeo del BCE de compra de deuda por 60.000 millones; las recomendaciones del FMI de que por cada punto porcentual del PIB invertido en infraestructuras la economía española crecerá adicionalmente 0,4 puntos al año siguiente y 1,5 por ciento el segundo; los intereses de la deuda en mínimos históricos, la evolución favorable de las exportaciones y el incremento del sector turístico.
«Sin embargo seguimos jugando a las elecciones y a desperdiciar buenos indicadores para salir de una vez de la crisis, dando por sentado que nuestro sector está amortizado y obviando la obra pública del debate», ha concluido.
En términos absolutos reales, la inversión pública española prevista para 2014/2016, unos 68.000 millones de euros, representaría, de cumplirse, el 28 por ciento de la de Francia, el 33 por ciento de la de Alemania, el 36 por ciento de la de Reino Unido y el 65 por ciento de la de Italia.
Cifras que dan una idea de los niveles en los que se mueve España y «por extensión y más gravemente Andalucía», en los que «se ha abandonado al sector de la construcción y de la obra pública a su suerte por la desidia de nuestras administraciones», y que sobrevive por la internacionalización de las empresas y la fuga de los profesionales.
Nueve de los 36 mayores operadores del mundo en materia de infraestructuras del transporte son españoles y hoy trabajan en el extranjero un 76,58 por ciento más de ingenieros de caminos andaluces que hace dos años, repartidos por 50 países.
Carrascosa Martínez ha puntualizado que para reflotar el sector y la economía es necesario restablecer la seguridad jurídica, la confianza de los inversores y mejorar el marco regulatorio actual. Además, «todo ello sería absurdo», ha lamentado, si las administraciones no corrigen la «deriva actual de adjudicaciones de obras con bajas de hasta el 50 por ciento, a sabiendas de que van a tener problemas y no podrán finalizarse». «La corrupción no es nuestro problema, son las administraciones las que deben evitarla», ha sentenciado.
Fuente: diariocordoba.com
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